El Sistema de Atención a la Familia (SAF) se creó como subsidio alimentario para personas vulnerables. José Alberto Álvarez Bravo, residente en La Habana, lo describe hoy como «deplorable»: cuenta que un administrador le explicó que iban a los vendedores a recoger las hojas que se le quitan por fuera a las coles para hacer un caldo. «Lo que les dan ahí no tiene ninguna nutrición», resume. La misma fuente sitúa el desvío de los productos de calidad al mercado negro: «Antes, cuando venían productos de calidad, los vendían en el mercado sumergido: aceite, pollo. A los viejitos lo que les tocaba eran las patas de los pollos y las mollejas». En Camajuaní, Villa Clara, el activista Librado Linares describe dos hechos concretos. Uno de los comedores del SAF dejó de cocinar un día por falta de leña, en un municipio rodeado de tierras ociosas cubiertas de marabú. Otro perdió el techo sin que existan recursos asignados para repararlo. Sobre el hogar de ancianos del municipio: «la comida se repite día a día: tres platanitos hervidos y un caldo oscuro», y para más de setenta internos hay una sola taza sanitaria, lo que lleva a que muchas personas hagan sus deposiciones en los pasillos. Una fuente especializada que pidió no ser identificada sitúa el deterioro como estructural: hogares saturados, casas de abuelos por encima de su capacidad, redes hidrosanitarias colapsadas, déficit de proteína animal y robo de insumos dentro de los propios centros. Señala que la crisis eléctrica afecta directamente al bombeo de agua y al funcionamiento básico de los inmuebles, y que la situación es más severa en comunidades afrodescendientes. Junto a ese vacío ha crecido una oferta privada de cuidados —acompañamiento hospitalario, atención domiciliaria, cuidados paliativos— que la propia fuente considera inaccesible para la mayoría: depende de quien tenga familia en el exterior que pueda pagarla con remesas. Un estudio exploratorio del observatorio Cuido 60 registró guardias hospitalarias desde 3.000 pesos y cuidadores domiciliarios a tiempo completo entre 20.000 y 30.000 pesos o más, cifras anteriores a la inflación de este año. El resultado es una brecha por edad y por origen del dinero: quien tiene emigrados paga cuidados; quien no los tiene queda en un sistema público sin los insumos mínimos. La frase de la fuente anónima sobre los llamados logros del sistema es la que mejor ordena el asunto: mantener un servicio funcionando al mínimo de sus posibilidades técnicas no es un logro; el mérito es de los trabajadores sanitarios y cuidadores que sostienen la atención pese a la escasez.