Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social de Uruguay, declaró el 16 de septiembre de 2026 que el organismo aporta 250.000 dólares anuales por la presencia de 21 oftalmólogos cubanos en el país, dentro de la llamada Operación Milagro, y que **ese dinero no se entrega directamente a los médicos**. Según su explicación, los fondos se transfieren a una cuenta de la brigada establecida por el Ministerio de Salud Pública cubano. Lo que reciben los profesionales no es un salario sino un estipendio para gastos, y las remuneraciones las administra el Estado cubano. Qué proporción llega a cada médico y cuánto queda en La Habana no se aclara. El valor de esta declaración es que no viene de una organización de derechos humanos ni del exilio: la hace la institución que paga. Confirma desde el lado del cliente el mecanismo que Prisoners Defenders documenta desde el lado de los testimonios, y que dos relatores de Naciones Unidas señalaron en 2019 como posible trabajo forzoso.