A mediados de marzo de 2003, en un margen de pocos días, las fuerzas de seguridad cubanas detuvieron a **75 disidentes** en redadas dirigidas a objetivos concretos. Amnistía Internacional lo describe como la medida más enérgica adoptada contra la disidencia desde los años que siguieron a 1959. Salvo unos pocos opositores muy conocidos, cayó buena parte del nivel intermedio de la dirigencia disidente: personas que llevaban al menos una década en el activismo. Los juzgaron en juicios sumarios apenas unas semanas después de detenerlos. Conocieron a sus abogados minutos antes de la vista. Solo se permitió la presencia de tres familiares cercanos por acusado. **Las condenas.** La fiscalía pidió para muchos las sanciones máximas, y varios corrieron el riesgo de cadena perpetua al amparo de la reforma del Código Penal de 1999. A un activista, Reinaldo Miguel Labrada Peña, le impusieron **6 años**, la pena más corta. El resto recibió entre **10 y 28 años**. La más larga, 28 años, recayó en Luis Enrique Ferrer García, de 27 años de edad. Y hay un dato que conviene no perder: según recoge el propio informe citando a El Nuevo Herald, **la fiscalía pidió la pena de muerte para José Daniel Ferrer García**, que finalmente fue condenado a 25 años. Entre los 75 había **27 periodistas independientes**. Amnistía Internacional los consideró a los 75 **presos de conciencia** —privados de libertad por sus convicciones, sin haber recurrido a la violencia ni propugnado su uso— y pidió su liberación inmediata e incondicional. Al revisar la documentación de los juicios, la organización concluyó que la conducta por la que se los procesó «no fue manifiestamente delictiva ni violenta», sino que se ajustaba al ejercicio legítimo de libertades fundamentales reconocidas en las normas internacionales. **Qué publica este archivo.** Hasta ahora esta ficha era un resumen y ni una sola de las 75 personas tenía entrada propia. Ahora las tiene: **75 fichas nominales**, cada una con su edad en 2003, su organización o su oficio, los años de condena y, cuando el informe lo precisa, la prisión donde fue recluida. Cada cifra se verificó en el bloque que el informe dedica a esa persona, no por búsqueda global: una condena mal asignada a un nombre real sería el peor error posible en un archivo como este. Se pueden consultar en el registro de personas, bajo el grupo «Primavera Negra · Grupo de los 75». El mismo informe documenta otro retroceso de aquellas semanas: a primeros de abril de 2003, el Gobierno puso fin a una suspensión de facto de las ejecuciones que duraba tres años y fusiló a tres hombres condenados por el secuestro de un ferry en el que no hubo heridos, tras un juicio y una apelación sumarios, apenas una semana después del inicio del proceso.