Prisoners Defenders cerró agosto de 2026 con **1.339 personas** en su registro de presos políticos en Cuba, el mayor de las últimas décadas según la propia organización. Durante ese mes documentó 19 incorporaciones y 7 bajas: un aumento neto de doce. **Quiénes son.** — **155 mujeres**, otro máximo del registro. — **38 personas detenidas cuando eran menores de edad**; de ellas, **14 siguen encarceladas**. — **463 con patologías médicas graves** entre quienes permanecen presos. — **54 con trastornos graves de salud mental**, sin tratamiento adecuado. La organización vincula esas enfermedades a la falta de alimentación, los malos tratos y el ambiente carcelario, y señala un mecanismo concreto de agravamiento: la negativa sistemática a dar atención médica a los reclusos clasificados como **«CR»**, sigla que las autoridades emplean para designar a quienes llaman contrarrevolucionarios y que abarca a todos los presos políticos, sean activistas o simples ciudadanos críticos. **Por qué entran en la lista.** El informe identifica el motivo que más peso está ganando: denunciar la falta de servicios básicos. Dos de las incorporaciones de agosto son madres de hijos menores. Doraykis Delgado González fue detenida el 7 de julio de 2026 sin orden de arresto tras transmitir en directo una protesta vecinal en Alamar, La Habana, después de más de un mes de apagones. Durante la transmisión preguntó por qué ciertos dirigentes y establecimientos de la zona no sufrían los mismos cortes. Está acusada de «difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires» y permanece en prisión provisional por orden del fiscal, sin intervención judicial, en la Prisión de Mujeres de Occidente. Padece hemofilia; la solicitud de cambio de medida cautelar fue rechazada. Tiene dos hijos de siete y ocho años que, durante la jornada laboral de su padre, quedan al cuidado de vecinos. Sady Reynaldo Companioni fue detenida el 28 de agosto de 2026 en Lawton, La Habana, por denunciar que su familia llevaba más de dos semanas sin agua. Habían llegado a recoger agua de lluvia. Una sobrina suya de ocho años estaba hospitalizada con dengue y deshidratación severa, en un hospital que según la familia también tenía problemas de abastecimiento. Sady relató que una funcionaria local, acompañada de una agente, ordenó que la pipa estatal no surtiera a su vivienda aunque sí al resto del vecindario, y después la amenazó con la cárcel por documentarlo. El día antes de su arresto publicó un mensaje titulado «¡Tengo miedo!». Cuatro agentes se la llevaron sin citación ni orden, delante de sus padres y de su hija de seis años, que rompió a llorar. Fue excarcelada el 2 de septiembre con obligación de firmar a diario. **El castigo se extiende a la familia.** El informe documenta madres e hijas, madres e hijos y padres e hijos procesados a la vez. Ivisleivi Castellano Puig fue detenida el 27 de agosto en La Habana y excarcelada el 2 de septiembre tras pagar 3.000 pesos de multa y 7.000 de fianza. Ese mismo día detuvieron a su hijo Antuan de Jesús Caballero Castellano, de 23 años, cuando presuntamente pintaba «Viva Cuba Libre» y «Abajo el régimen castrista». No hubo violencia contra nadie. Le impusieron una fianza de **50.000 pesos**, más de quince veces el salario mínimo mensual, que su familia no puede pagar. Dairon Duque de Estrada Aguilera salió de prisión el 27 de marzo de 2026 tras cumplir íntegra una condena de cuatro años y seis meses por manifestarse. Las autoridades volvieron a encarcelarlo —está en la prisión de máxima seguridad de Boniato— sin que se haya hecho público el fundamento jurídico. Su padre, Julio César Duque de Estrada Ferrer, había sido detenido en septiembre de 2024 por grabar con su móvil en la vía pública y condenado a cuatro años y seis meses por «desobediencia» y «atentado», con una sentencia sustentada únicamente en testimonios policiales. Salió en libertad condicional el 26 de agosto de 2026. El padre sale y el hijo vuelve a entrar. Sobre ese punto, el informe hace una observación jurídica que conviene retener: cuando la acusación descansa exclusivamente en agentes implicados en los hechos, la equidad del proceso depende de que la defensa haya podido cuestionar sus versiones. La organización afirma que en la inmensa mayoría de los miles de procesos cubanos que ha estudiado, los testimonios de cargo proceden de funcionarios dependientes del poder político.