La CIDH examinó las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero y encontró elementos que sustentan la participación de agentes estatales. Su informe 83/23 analiza la versión oficial, los testimonios y las circunstancias del proceso contra Ángel Carromero. La fecha de los hechos utilizada aquí es el 22 de julio de 2012, indicada en el párrafo 24 del informe. Se detectó una discrepancia en un comunicado asociado que menciona junio. La conclusión de la CIDH es una determinación de responsabilidad estatal en derechos humanos; no debe presentarse como una condena penal individual.