El Gobierno reconoce que alrededor del 30 % del cuadro básico de medicamentos está disponible. El salario medio ronda los 6.930 pesos y el mínimo subió en julio a 3.210. En ese hueco funciona el mercado informal, que en 2026 no es un fenómeno marginal sino el mecanismo cotidiano con el que millones de personas consiguen comida y tratamientos. La Cuevita, en San Miguel del Padrón, opera como mercado mayorista informal de La Habana. El litro de aceite se compra por cajas a unos 3.500 pesos para revenderse a 5.000 en otros barrios; el kilogramo de pollo oscila entre 920 y 970 pesos. Quien llega no suele ser consumidor final, sino revendedor que abastece municipios enteros. El mercado nació en los noventa, durante el Período Especial, cuando los vecinos fabricaban en casa cubos, escobas y tendederas; las autoridades toleraron lo que no podían sustituir. Tres oleadas lo agrandaron: la reforma migratoria de 2013, que facilitó a las mulas; la legalización parcial del trabajo por cuenta propia; y, tras el 11 de julio de 2021, la exención de aranceles a alimentos y medicinas. En septiembre de 2025 la policía lo cerró «un mes por reparaciones» durante un ejercicio nacional de enfrentamiento al delito; al día siguiente los puestos estaban en los portales y en las calles vecinas. En Holguín, el mercado de Los Chinos, en el reparto Lenin, ocupaba casi un kilómetro de la calle 8 y daba trabajo a más de mil personas. El 11 de junio de 2026 las autoridades lo desmontaron bajo vigilancia policial alegando insalubridad y cercanía a dos círculos infantiles y dos escuelas; el desalojo afectó a más de 350 mipymes y carretilleros. Diez días después se inauguraron kioscos y bulevares, cada módulo tasado en torno a 1,6 millones de pesos, en alquiler y sin derecho de propiedad: si el vendedor cierra, el local vuelve al Estado. En septiembre de 2026 volvían a verse montañas de basura junto a los kioscos ordenados, el mismo problema con que se justificó el cierre. En salud el contraste es más duro. Un blíster de paracetamol o dipirona cuesta entre 250 y 300 pesos; los cardiovasculares llegan a 400; un lote de quimioterapia de producción cubana supera los 60.000 pesos. Una pensión de 3.400 pesos no cubre nada de eso. Parte de esos fármacos sale de fábricas, droguerías y farmacias estatales; otra entra como importación personal y se revende. La persecución es cíclica y selectiva: decomisos en Santiago de Cuba, detenciones en La Habana, una condena de seis años en Villa Clara por tramadol y difenhidramina. El Código Penal prevé hasta diez años por venta ilegal de fármacos controlados. Cuando en junio la policía detuvo en Holguín a dos mujeres que vendían medicamentos, los comentarios en redes fueron mayoritariamente a favor de ellas. Uno resumía el argumento: «Gracias a esas personas que venden medicamentos estamos vivos». La crítica no niega el riesgo de un medicamento sin cadena de frío ni trazabilidad. Señala otra cosa: que el Estado persigue el síntoma sin restablecer el suministro. Mientras esa brecha exista, el mercado informal seguirá siendo, para una parte mayoritaria de la población, el único comercio que entrega lo que el Estado anuncia y no pone en el estante.