En abril de 2026 solo 190 de los 651 productos del cuadro básico nacional estaban disponibles en las farmacias estatales: menos de un tercio. No es un dato aislado. En febrero, Villa Clara registró la ausencia de 368 de los 636 fármacos de su red. En agosto, Ciego de Ávila declaró un faltante de 457 medicamentos. Lo que no está en la farmacia aparece en el mercado informal, a precios que la mayoría no puede pagar. Y ahí el Estado sí actúa: el Ministerio del Interior, la Policía y el Departamento Técnico de Investigaciones hicieron decomisos en viviendas por venta presuntamente ilegal. Siete detenciones en La Habana en diciembre de 2025, dos arrestos en Holguín en junio, decomisos en Santiago en febrero y septiembre de 2026. El orden de los hechos importa. Primero el Estado deja de garantizar el medicamento; después persigue a quien lo consigue por otra vía. La persona enferma queda en medio: sin la medicina en la farmacia que le corresponde y con la vía alternativa criminalizada. Ese es el estado real de la sanidad que se exhibe como conquista: no se mide en médicos formados, se mide en si hay antibiótico cuando hace falta.