El Gobierno presenta la energía fotovoltaica como camino hacia la soberanía energética: más de 50 parques solares instalados, más de 1.000 megavatios pico de capacidad y, en las horas de mayor sol, alrededor del 38 % de la energía consumida durante el día. El límite es el almacenamiento. Cuba carece de bancos de baterías a escala suficiente y de una red estable capaz de integrarlos; los primeros sistemas sirven sobre todo para regular la frecuencia, no para trasladar el mediodía al pico nocturno. Cuando el sol se retira vuelven las termoeléctricas envejecidas, las unidades fuera de servicio, el crudo cubano de alto contenido en azufre y los grupos electrógenos sin combustible. La demanda ronda los 3.000 MW y los déficits han llegado a dejar simultáneamente a oscuras a más de la mitad del país. En los hogares, la solución ha sido doméstica: un panel, una batería y la administración de cada vatio. Las estaciones portátiles de energía —EcoFlow como nombre genérico, igual que Bluetti o Jackery— permiten en sus modelos pequeños mantener algunas luces, cargar móviles o mover un ventilador; los mayores sostienen un rato el refrigerador. Si el apagón dura veinte, treinta o cuarenta horas, la batería se agota. Y sin panel solar, el aparato es solo una caja que espera la corriente. El equipo cuesta desde varios cientos hasta varios miles de dólares. No existe estadística pública sobre cuántos han entrado en el país: la Aduana regula su importación pero no publica un censo. Lo que sí se ve es el mercado que ha surgido alrededor: comercios, agencias de envío y familiares en Miami que ya no mandan solo medicinas o ropa, sino pequeñas centrales eléctricas empaquetadas. De ahí la consecuencia que esta ficha quiere fijar. La electricidad se ha convertido en un bien que se compra, y el acceso depende de tener familia en el exterior, un negocio que cobre en divisas o un lugar en los circuitos privilegiados. En la cúspide, los hoteles, ciertas instituciones y los dirigentes; en medio, quien tiene una batería modesta y decide cada noche entre el ventilador y el refrigerador; abajo, la mayoría, que reconoce el confort ajeno por el zumbido de un aire acondicionado cuando el barrio está en silencio. La desigualdad ya no se mide solo por lo que se come o lo que se viste, sino por las horas de corriente que cada cual puede pagarse. Hasta el sol llega con trámite. En algunas «solineras comunitarias» —puntos de carga alimentados con paneles— el usuario debe entregar su nombre, el número del carné de identidad, el modelo del equipo, la toma que necesita y la hora de conexión; después paga y recibe una chapilla para recuperarlo. En otros puntos oficiales se permite cargar teléfonos, lámparas y ventiladores, pero se prohíben las motorinas y las estaciones portátiles, precisamente los equipos que más falta hacen cuando el apagón se alarga. El desgaste alcanza también a los símbolos. El 24 de agosto de 2026 apareció un busto de José Martí decapitado y hecho añicos en Valle Grande, La Lisa, en una madrugada en la que el apagón superaba las veinte horas. Otro monumento a Martí fue manchado con pintura amarilla en Guanabacoa y, días antes, una estatua de Antonio Maceo fue derribada de su pedestal en Las Tunas. Destruir patrimonio no libera a nadie y no hay autoría probada en ninguno de los tres casos: se registran como hechos, sin atribuirles intención. Lo que sí puede afirmarse es a qué han quedado asociadas esas figuras después de que el Estado las convirtiera en aval de todo lo ocurrido desde 1959.