La CIDH concluyó que Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre fueron víctimas de una ejecución arbitraria o extrajudicial por agentes del Estado cubano cuando sus avionetas fueron derribadas el 24 de febrero de 1996. El informe analiza también la localización de las aeronaves y la investigación de la OACI. El expediente permite distinguir las conclusiones de responsabilidad estatal de las acusaciones y condenas penales individuales. La memoria de las víctimas tendrá sus propias fichas enlazadas a la documentación.