El 10 de marzo de 2026 un agente acudió a la vivienda de Anna Bensi y de su madre, Caridad Silvente, para entregar una citación de la Seguridad del Estado dirigida a Silvente. Ambas grabaron el encuentro y difundieron después las imágenes. El caso fue archivado por la Fiscalía el 13 de abril: el presunto delito contra la intimidad personal y familiar no podía perseguirse de oficio y requería querella de la persona supuestamente afectada. El procedimiento se reabrió cuando el agente presentó formalmente esa querella. En agosto, Bensi informó de que un tribunal había confirmado que tanto ella como su madre serían llevadas a juicio. El mecanismo jurídico es lo que conviene retener. Una figura pensada para proteger la intimidad de los ciudadanos termina utilizada por un funcionario para procesar a quien documentó su actuación en la puerta de su propia casa. El abogado Santiago Alpízar sostiene que la querella describe hechos que no coinciden con lo que se ve en el vídeo y que la grabación se hizo como protección propia. Según denunció su hermana, Elmis Rivero Silvente, la familia enfrenta además restricciones de comunicación: línea telefónica de Etecsa bloqueada y conectividad reducida. Se ha planteado también que el querellante estaría pidiendo que Bensi se retracte mediante un vídeo público. Anna Bensi tiene 21 años y es una de las voces críticas jóvenes más visibles dentro de Cuba.